El gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó que no podrá hacer frente al pago de 277 millones del bono BP21 y propuso a los acreedores diferir el pago hasta el 1 de mayo.

La administración de Axel Kicillof publicó una solicitada en los diarios en la que informó que buscará la aprobación de los tenedores del bono para postergar por algo más de 90 días el pago de unos 250 millones de dólares y 27 millones de intereses, que debe enfrentar el próximo 26 de enero con un plazo de gracia de diez días hábiles.

Para lograr la postergación del pago, Kicillof necesita la aprobación de los tenedores de al menos el 75% del capital antes del 22 de enero de 2020, dentro de ocho días. Como explicó LPO, como el monto mínimo de suscripción del bono era de 100 mil dólares y el total emitido fue de 750 millones de dólares, el bajo número de bonistas era uno de los puntos que entusiasmaba al mercado para la reestructuración. 

Bianco: "El 10 de febrero la provincia puede defaultear" 

"Se ha iniciado un proceso de diálogo y consultas con los tenedores" del bono, informó el Ministerio de Hacienda bonaerense. "Tanto la Provincia como sus inversores coincidieron en la compleja situación de la deuda provincial y la importancia de buscar soluciones preventivas que minimicen pérdidas", agregó la cartera que conduce Pablo López. "El rechazo del mercado al diferimiento propuesto resultaría en mayores daños a la economía bonaerense y pérdidas para los inversores en general, que con este paso pueden evitarse", indicó López en un comunicado.

La confirmación de que la Provincia no podrá pagar el BP21 se daba por descontada el lunes, cuando los bonos se derrumbaron por la negativa del Gobierno nacional de otorgarle un "salvataje" a Kicillof. El jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, habló abiertamente de la posibilidad concreta del default.

La publicación de la solicitada da paso al inicio formal de las negociaciones (hasta ahora sólo hubo contactos telefónicos informales), que serán a contrarreloj. Los acreedores ya designaron a dos estudios de abogados para que inicien el diálogo. Se trata de Arnold & Porter como asesor internacional -un estudio jurídico que tiene su oficina central en Washington DC-, y Bruchou, Fernández Madero y Lombardi como abogado argentino. En diciembre, ese comité contrató a Mens Sana Asesores, liderada por el argentino Marcelo Delmar, y a BroadSpan Capital como asesores financieros.

Por otro carril, Kicillof también buscaba cerrar con Nación una ayuda para renegociar otros 253 millones de dólares que están en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. Pasado enero, la Provincia deberá afrontar vencimientos por otros 1980 millones de dólares en el año (con un pico de 908 millones de dólares en junio). 

En el mercado especulan con que la negativa de un salvataje por parte de Nación se trata de una estrategia para que los acreedores acepten la renegociación. Los analistas coinciden en que para la Casa Rosada sería demasiado riesgoso dejar caer en default a la provincia.

Otra especulación que se hace en el mercado es que la amenaza del default en la Provincia podría ser una jugada concertada por Alberto y Kicillof para enviar un mensaje a Wall Street respecto de la negociación de la deuda externa de Nación, que el presidente quiere cerrar antes del 31 de marzo. En ese caso, se trataría de una amenaza de que el gobierno está dispuesto a ir a un default si no aceptan la reestructuración.